La Fundación Multitudes emitió un informe abordando medidas para prevenir y combatir la corrupción en Chile, enfocado también, en la devolución o repatriación de ganancias ilícitas.
En concreto, el Informe paralelo de la sociedad civil de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnuac), examina la implementación en el país del Capítulo II (Medidas Preventivas) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de dicha convención.
El texto comprende 100 páginas, las cuales incluyen 15 recomendaciones de acciones prioritarias, contenidas en un total de 41 sugerencias. Estas buscan aportar al gran desafío planteado por la misma Cnuac.
Lo anterior, apunta a hacerse cargo de la “gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades”. Esto, “al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
Dentro del escrito, también se examinan temas relativos a Políticas de prevención de la corrupción; Órganos de prevención, Empleo en el sector público; Financiación de la política; Códigos de conducta, conflicto y declaraciones de interés.
Asimismo, incluye mecanismos de denuncia y protección de alertadores; Contratación pública; Gestión de la hacienda pública; Acceso a la información y participación de la sociedad; Transparencia del sector privado; Lucha contra el blanqueo de dinero; Medidas para la recuperación directa de bienes; Herramientas de decomiso y cooperación internacional; restitución y disposición de activos.
Una de las principales conclusiones del informe es la necesidad de contar con una estrategia nacional anticorrupción o Estrategia de Integridad Pública, que fortalezca al circuito de la misma. Esto, a través de la coordinación de los diversos órganos vinculados con este tema.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe detectó que en materia de financiación de la política existen vacíos legales generados por preceptos rígidos.
Lo anterior, evaluando como moderado el estado de aplicación de la ley y cumplimiento en la práctica del Art. 7.3 de la Convención Anticorrupción, que insta a los Estados a aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y de los partidos políticos.
En ese sentido, se recomienda incluir en la legislación un apartado específico que permita las campañas y la propaganda en los espacios de las redes sociales, junto con mejorar los instrumentos para poder generar mayor transparencia en la arena política y posibilitar la rendición de cuentas de los gastos electorales.
Del mismo modo, también incorporar la gestión de los reembolsos no debidos, de manera de regular los gastos y generar una fiscalización de los mismos, tipificando prácticas indeseadas con sus respectivas sanciones.
Marco legal para modelos de prevención, transparencia y seguimiento
El informe incluye, entre sus recomendaciones, que se implemente un marco legal para generar modelos de prevención, transparencia y seguimiento de delitos en el ámbito privado.
En cuanto al blanqueo de dinero y medidas antilavado, aspecto vinculado a la desarticulación del crimen organizado hoy prioritario en la agenda pública, el Informe califica como buena la aplicación en Chile de los Art 14, 52 y 58 de la Convención que establecen preceptos y principios en estos temas.
Entre las deficiencias, revela que no todos los organismos públicos con competencia en la materia generan reportes hacia la Unidad de Análisis Financiera (UAD), limitando su labor, rango de acción y fiscalización.
Dentro de los organismos públicos referidos, se encuentran: el Ministerio Público, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, Dirección de Inteligencia de Carabineros, Ministerio de Justicia y Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Por ello, el informe sugiere, por tanto, fortalecer la comunicación en eseos sectores.
Respecto de otros artículos del Cap V “Recuperación de activos” de la Convención, recomienda fiscalizar y exigir que los bancos (empresas privadas) y sujetos, estén obligados a reportar casos de corrupción. Asimismo, de malversación de fondos.
De esta manera, cumplan con sus deberes de comunicar los casos dentro de sus instituciones mediante la sanción de normativa.
Por otra parte, también enfatiza sobre regular los métodos de colaboración y aplicación de la recuperación de activos dentro de la cooperación internacional; y mejorar en el marco normativo de la tipificación del delito de lavado de activos, así como de financiamiento del terrorismo.
Informe desarrollado entre enero y diciembre de 2022
El informe comprende el período enero – diciembre 2022. En ello, su metodología adaptó para Chile la entregada por la Uncac Coalition (Asociación para la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción) y se solicitó audiencias de lobby y solicitudes de transparencia a las instituciones seleccionadas para la investigación: Servicio Civil, Ministerio Público (Fiscalía), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Servicio Electoral (Servel), Consejo para la Transparencia (CPLT), Chile Compra, Contraloría General de la República (CGR) y Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda .
En la actualidad Chile se encuentra en el segundo ciclo del examen nacional de la Cnuac, siendo los Estados examinadores: Jamaica y Uzbekistán. Además, cubre los Capítulos II, Medidas preventivas, y V, Recuperación de activos. Chile firmó la Convención contra la Corrupción en noviembre de 2006.
Existen instrumentos de monitoreo y vigilancia, utilizados por las organizaciones de la sociedad civil y contemplados en las normativas de Naciones Unidas. Estos tienen la finalidad de observar y evaluar el cumplimiento de compromisos adoptados por los Estados en distintas materias. Uno de estos son los del informe sombra o paralelos elaborados por organizaciones no gubernamentales.
Es en virtud de todo esto, que la Fundación Multitudes, ha preparado este Informe paralelo, el cual fue posible desarrollar por la financiación proporcionada por la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (Norad) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (Danida).
Finalmente, cabe aclarar que las conclusiones de este informe son propias de los autores. Es decir, no reflejan necesariamente las opiniones de la Uncac Coalition (quien apoyó la elaboración de este informe) y de los demás donantes que lo han hecho posible.
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