Por Paulina Ibarra A., directora ejecutiva Fundación Multitudes
Una vez extintas las cenizas de un proceso constituyente que no fue, Chile emprende un nuevo camino para lograr una nueva Constitución. De la mano de tres órganos: Comisión Experta, Comité Técnico de Admisibilidad y Consejo Constitucional.
Esta es la fórmula para que, en menos de un año y gracias a un nuevo acuerdo político, seamos de aquellos países con una constitución hecha en democracia. Los mecanismos para parecer que hay participación también se han dispuesto, pero únicamente en el Consejo Constitucional, la etapa final de toda la ruta de creación del texto.
Además, el nuevo procedimiento para elaborar una Constitución para Chile está en deuda con las organizaciones de la sociedad civil. Aún no se les contempla en el proceso de redacción de la nueva constitución y mucho menos en las fases previas, que normalmente son además las más importantes en el germen de norma fundamental que pueda ratificarse en un plebiscito a desarrollarse en diciembre de 2023.
Pero aún estamos a tiempo para remediarlo.
La reforma constitucional que establece las bases del nuevo procedimiento entregó a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile el rol de coordinación de los mecanismos de participación ciudadana. Si bien la norma es escueta, es necesario para fortalecer el proceso constituyente que dichos mecanismos sean variados y aplicados desde un primer momento, incluyendo a la Comisión Experta donde se gestarán las bases del texto constitucional.
Las universidades, por su parte, deben ungirse como secretaría técnica del proceso constitucional, por lo que, desde Fundación Multitudes hemos propuesto que las universidades coordinadoras establezcan un Consejo de la Sociedad Civil, donde múltiples organizaciones sin fines de lucro puedan hacer seguimiento inmediato y colaborar en una instancia consultiva.
El reconocimiento de la participación ciudadana como una norma fundamental es el correcto camino para construir un estado de derecho robusto y, la valoración de los saberes que se encuentran en las organizaciones de la sociedad civil es la mejor forma de nutrir la función política.
Por último, un llamado a asumir la participación ciudadana como estrategia y valor en si mismo, no sólo entregará mayor legitimidad a lo obrado por los tres órganos constituyentes, sino también, preparará un mejor camino para que en el plebiscito de salida, la casa de todos sea realmente del gusto y orgullo de todas y todos.
Por Paulina Ibarra A., directora ejecutiva Fundación Multitudes
Faltaría tiempo para demostrar con imágenes la violencia que existe en Internet y las redes sociales a través de la desinformación. Las hay en varios niveles de gravedad: las que se emiten en cuentas anónimas y perfiles públicos, que solo buscan desacreditar, y las de autoridades y representantes que deberían velar aún más para que las condiciones del diálogo sean democráticas y en tono de respeto. Como muestra, un botón: hace unas semanas la ministra vocera Camila Vallejo participó en Luxemburgo en el foro Global de Líderes de la OCDE, viaje que se transformó en un nuevo estudio de caso y odio, donde nuevamente es protagonista de un rumor transformado en desinformación, al acusársele de viajar en primera clase. Paradójicamente su periplo a Europa era justamente para conversar y advertir sobre la proliferación de fake news, y terminó siendo parte de uno de ellos. Acá no se trata de defensas corporativas, la ministra desmintió la desinformación emanada por el senador Iván Moreira, y su respuesta tuvo tanto o más impacto que la noticia falsa levantada por el parlamentario. Sin embargo, no deja de ser sintomático que sea ella (como también otras ministras del gabinete) el blanco preferente de ataques, impregnados no solo de noticias descontextualizadas o derechamente falsas, sino que también haciendo referencia a su persona, su género, su aspecto físico o preferencia política. Pero olvidemos a Camila un minuto, la vocera tiene la tribuna y las pruebas para decir qué es y no es una noticia falsa, pero el ataque que ella vivió es lo mismo que experimentan cientos y tal vez miles de mujeres en todo el país. La violencia digital, mediante ciberacoso, chantaje sexual y otras formas nuevas de abuso, son parte de la cotidianidad, pero sus víctimas no son una ministra de Estado, sino que son mujeres, niñas y jóvenes, anónimas y no siempre con herramientas para defenderse. Ahora que en estos días se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, valga este espacio para reiterar que ningún maltrato es aceptable, ni físico, ni psicológico, social, económico y ahora digital, ya que todos afectan la dignidad de las personas. Por eso, a la larga lista de violencia que sufrimos las mujeres, no dejemos para el último lugar la que podemos pensar es la más inocua. Para destruirle la autoestima a una niña, adolescente o mujer no es necesario gritarle o agredirla, basta un mensaje mañoso y desacreditador en redes sociales con varios likes para lograr el mismo nefasto objetivo.
Por Paulina Ibarra A., directora ejecutiva Fundación Multitudes
Siempre se dice que la primera impresión es la que marca las relaciones futuras entre personas. Si en mi primer día de trabajo llego mal humorada, es muy probable que, aunque sea simpática el resto del tiempo, mis colegas crean que tengo mal genio. Eso podría ser lo que pasó con el fracasado proceso constituyente. A medida que pasan los días, y surgen diversas teorías acerca de porqué el Rechazo no sólo ganó, sino que lo hizo con bastante holgura, las teorías y análisis de esta derrota han abundado en los medios de prensa y las redes sociales.
Mi tesis es que hubo una mala impresión desde el primer día, cuando por todos los canales de TV se transmitía una caótica ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, con interrupciones y atrasos, gritos destemplados ante una calmada funcionaria pública, y un himno nacional que no pudo interpretar la orquesta juvenil presente en el acto. Ese puro hecho, sin duda, no explica por sí solo la derrota de 14 meses después, pero sí nos da luces de las razones que se dieron para ello.
La primera imagen fue el caldo de cultivo y la excusa perfecta para que los generadores de noticias falsas y campañas de desinformación tuvieran sustento para elaborar su estrategia, la que terminó minando la confianza en la CC, pues para nadie es un misterio que esas acciones sí existieron y lo demuestran diversos estudios de opinión, que no sólo dan cuenta de la baja popularidad del órgano constituyente, sino que del texto propuesto.
Por ejemplo, la última encuesta Data Influye es clara en ese aspecto. Al momento de evaluar la imagen de la Convención y de sus constituyentes, un 49% señaló que fue un factor decisivo al momento de votar y 30% aseguró que fue importante. Es decir, casi un 80% se fijó en ese ítem y, a la vista de los resultados, fue un elemento determinante para que se rechazara la nueva Constitución.
En tanto, en el reciente estudio que hicimos como Fundación Multitudes, con la colaboración del medio de verificación de noticias Mala Espina Check, demostramos cualitativamente que las principales noticias falsas que circularon en torno a la Convención se referían al actuar personal de los constituyentes o a su labor dentro del fenecido órgano constituyente, y no necesariamente a los acuerdos alcanzados, muchos de ellos de gran relevancia y que respondía a muchas de las demandas ciudadanas surgidas de la revuelta popular de octubre de 2019,
Evidentemente que esas desinformaciones se alimentaron también con el propio actuar de alguno de los convencionales, pero no deja de ser cierto que esa imagen negativa inicial, a la que aludí al comenzar este artículo, no sólo no se revirtió, sino que se reforzó con el correr de los meses y se trasladó al documento final sometido al referéndum del 04 de septiembre. Ahí los generadores de noticias falsas se dieron un festín esparciendo aseveraciones respecto de la propiedad de las viviendas, la heredabilidad de los fondos, el aborto hasta los 9 meses o las dos banderas y los dos escudos, entre otras barbaridades.
Si la clase política logra ponerse de acuerdo para reiniciar el proceso, es un misterio aún, pero hay valiosas lecciones que deben aprenderse de este fracaso, y una de ellas tiene que ver en cómo es posible convencer a esa gran masa de chilenos y chilenas que ahora sí se van a hacer bien las cosas desde el primer día. Soy pesimista, lo reconozco, creo que Chile perdió una gran oportunidad, pero si llega a darse esta nueva chance de partir un nuevo proceso constituyente, se debe comenzar con lo más básico: dando una buena primera impresión.
Por Paulina Ibarra, directora ejecutiva de Fundación Multitudes
Mucho se ha escrito en estos días sobre las campañas de desinformación que han cruzado ambos lados del espectro político, aunque con mayor fuerza en sectores que están por el Rechazo, cuando ya prácticamente no queda nada para el plebiscito de salida constitucional. Lo que hemos notado es que este fenómeno ha ido escalando cada vez más, a medida que se acerca el trascendental 04 de septiembre, y no se circunscribe solo a cuentas anónimas en redes sociales, sino que muchas veces personajes públicos y con poder de influencia mediática han podido difundir estas noticias falsas o descontextualizadas.
No podemos estar indiferentes frente a esto. La desinformación debe ser combatida con firmeza, porque menoscaba la democracia y deslegitima las instituciones. Un caso reciente lo vimos en el Servicio Electoral (SERVEL), donde hubo una campaña orquestada en desprestigiar una función que ha tenido un actuar correcto, rápido y transparente en las últimas tres décadas, que incluso nos pone por sobre organismos similares de países latinoamericanos y del Primer Mundo.
Pero volviendo al plebiscito de salida, ¿qué tanto pudo influir en el trabajo de la Convención su baja valoración la presencia de acciones de desinformación? No podemos ser categóricos al respecto, pero sí podemos vislumbrar, en un estudio que realizamos recientemente, que sí hubo noticias falsas que se levantaron en contra de la labor constituyente, tanto en lo administrativo como en el debate y resultado final, y que los propios integrantes del órgano sí dicen haberse sometidos a este tipo de ataques, con mayor presencia en mujeres y pueblos originarios.
El mentado documento -denominado Análisis sobre la Desinformación en la Convención Constitucional- se basó en dos trabajos realizados de manera paralela entre 2021 y 2022. Uno de ellos, a cargo de nuestra Fundación Multitudes, se generó sobre la base de entrevistas individuales a los y las constituyentes, y cómo ellos percibían las campañas de desinformación que había en su contra. Así, un 73% respondió que cree que ha sido objeto de desinformación, mientras que un 61,1% de las mujeres convencionalistas respondió que ha sido víctima de desinformación como forma de violencia de género. Asimismo, el 92% de los encuestados de pueblos originarios dijo haber sido objeto de estos ataques contra el 68% de quienes no pertenecen a alguna nación originaria.
Por su parte, en el mismo estudio nos basamos en el proyecto Lupa Constitucional, del medio de chequeo de noticias Mala Espina Check, que analizó 48 desinformaciones verificadas entre el 04 de julio de 2021 y 04 de julio de 2022 -periodo de trabajo de la Convención-, escogidas por su impacto y difusión mediática, de las cuales 41 de ellas (85%) fueron calificadas como falsas, dos imprecisas (4%) y una engañosa (2%). El resto fueron chequeos múltiples a distintas desinformaciones (9%). En este sentido, del total de la muestra (48), 18 desinformaciones afectaron a integrantes de la Convención (mujeres y hombres) y el resto fueron dirigidas a asuntos relacionados a la Convención. Al igual de Multitudes, Mala Espina determinó que estos ataques afectaron mayormente a mujeres, con 67% versus 33% a hombres.
En nuestras conclusiones, establecimos que la gravedad de los ataques de desinformación a la Convención Constituyente se puede expresar en su desaprobación mediática. En efecto, el impacto de la deslegitimación se visualiza en que las razones para rechazar en septiembre son la desconfianza hacia los constituyentes (55%) y en segundo lugar el desacuerdo general con las propuestas (40%) (Cadem Mayo). Sin duda, y eso también lo advertimos en el estudio, existieron errores propios de los y las constituyentes, actuaciones que también alimentaron esta desconfianza, pero no deja de ser cierto que muchas veces esa percepción se pudo haber nutrido de estas noticias falsas o descontextualizadas.
Con el diagnóstico claro -que se suma a otros estudios similares que se han hecho en los últimos meses- surge entonces la gran interrogante planteada en el título de este artículo: ¿se debe sancionar la desinformación? Recientemente, el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue denunciado por la Policía Federal, que solicitó autorización al Tribunal Supremo de Justicia para procesar al polémico mandatario por presuntos delitos de desinformación sobre el coronavirus, pues en transmisiones televisivas y de redes sociales llegó incluso a afirmar que las vacunas ponían en riesgo a la población de contagiarse de VIH/Sida. Este ejemplo nos refuerza la idea que sí hay que tomar medidas, sin importar quién sea el emisor del mensaje falso.
Donde sí tengo dudas es si se debe canalizar esta pena en una modificación legal, y creo que la respuesta más adecuada es que primero debe existir una autorregulación, antes de pensar siquiera en sanciones, aunque las razones sean muy válidas. En efecto, si entramos en la tentación de penar como primera y única medida, como ya lo hizo un grupo de diputados de izquierda en junio pasado, con un proyecto para crear la figura de difusión de “noticias falsas” en el Código Penal (Boletín 15056-07), corremos el riesgo de agotar tal vez la última herramienta disponible para una sanción real, sería un recurso de ultima ratio, y puede colisionar con otro derecho, como el de la libertad de expresión.
Por eso, sería más bien prudente y apostaría primero por reforzar la regulación ya existente, como la que tienen hoy los canales de televisión, a través del CNTV, o el propio Congreso, con una Comisión de Ética, o incluso utilizando la figura existente en la Ley de Prensa sobre las multas a quienes promuevan “discursos de odio” a través de medios de comunicación. De igual modo, las redes sociales poseen también canales regulatorios donde uno puede denunciar a algún usuario, pudiendo sufrir la suspensión o cancelación de la cuenta.
Lo que sí está claro es que el inmovilismo no puede existir frente a la desinformación. Se debe combatir, desenmascarar y denunciar, por los canales existentes, a sus autores. La mentira es una herramienta poderosa, que permea a todas las clases y que no respeta pergaminos académicos. A pocas horas del plebiscito, la capacidad para combatirla estará más expuesta y frágil que nunca.
Por Paulina Ibarra, directora ejecutiva Fundación Multitudes
El término red flag se utiliza habitualmente en el feminismo para advertir conductas patriarcales, machistas y misógenas. Se ha popularizado en redes sociales y muchas veces a un comentario que reúne esas características se le coloca el emoji correspondiente a esa bandera roja, como una alerta, una prevención de algo que está sucediendo y que debe ser atendido con inmediatez.
Pues bien, en los últimos días nos hemos llenado de red flags, no precisamente por temas que nos afectan a las mujeres, sino con algo que involucra a la sociedad en su conjunto y que pone en serio riesgo la democracia y la institucionalidad, y que tiene que ver con los autoritarismos, en particular ligados a la extrema derecha, y que están prácticamente a la vuelta de la esquina.
En la última semana se ha iniciado una masiva campaña de desinformación en contra del Servicio Electoral (Servel), ya no de grupos anónimos, sino de gente con nombre y apellido, incluyendo a un diputado, que empezaron a cuestionar la legitimidad e imparcialidad de esta entidad para velar por un buen proceso electoral el próximo 4 de septiembre.
Lo que se juega Chile en las próximas dos semanas es ni más ni menos uno de los cambios más importantes de los últimos 50 años de historia, y hay un consenso generalizado que, sea cual sea el resultado, seguirá un proceso constitucional que deberá implementar un nuevo texto constitucional, con eventuales reformas de por medio, o llamar a un nuevo proceso constituyente, en caso de que la voluntad popular diga otra cosa.
Y desde el 4 de julio, o incluso antes, cuando se conoció la propuesta de texto constitucional emanado de la Convención, ha existido una verdadera guerra mediática de posturas a favor y en contra, muchas veces condimentadas por desinformaciones o derechamente noticias falsas (o fake news), las cuales han sido en su mayoría desmentidas en foros virtuales o debates televisados.
No obstante, levantar una acusación infundada en contra del Servel pasó todo límite, y me atrevo a decir que esta situación pone en serio riesgo a la democracia y mina severamente las bases de la institucionalidad nacional. La posibilidad de que se impongan autoritarismos es un riesgo cierto, sobre todo por nuestra historia reciente. Y no, no estamos exagerando, porque de esa misma forma partieron otras voces extremistas en el mundo, colocando dudas justamente a los organismos escrutadores.
Basta recordar a Donald Trump en Estados Unidos, cuando desconoció los resultados electorales cuando quiso ser reelecto, lo que derivó en una campaña orquestada hábilmente por redes sociales, que derivó en un asalto al Capitolio y un casi autogolpe de Estado, algo inédito en su historia. Algo similar está ocurriendo en Brasil, con Jair Bolsonaro, quien ya empezó una estrategia de cuestionar el voto electrónico, enfrentándose públicamente con el símil electoral de ese país.
Y hagamos un poco de memoria, ambos personajes partieron sus campañas tímidamente, muchas veces ninguneados o tomados poco en cuenta, donde más de algún político o comentarista se mofó de sus ideas, pero veladamente se estaba incubando una masa que se convenció de sus afirmaciones y le dio un triunfo impensado en las urnas. “No lo vieron venir”, pudo ser la frase aplicable en ambos países y sus resultados los tenemos a la vista.
Por eso la importancia de colocar ahora todas las banderas rojas que alerten de esta situación, porque, al igual que los ejemplos señalados, la estrategia en redes sociales está desatada, con desinformaciones que se reproducen sin control ni filtro, y que pueden mover a una población a sumarse a una cruzada que ponga en riesgo la democracia. El autoritarismo implícito en estas acciones es un arma peligrosa a la cual hay que ponerle atajo ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde.
En los últimos días se ha instalado en cierto sector de la política chilena la idea de “cancelación”, como una forma de argumentar que no se les quiere dar tribuna. Este fenómeno ha sido ampliamente analizado en el extranjero, y se refiere a poner ciertos límites a discursos de odio, xenofobia y misoginia, pero acá se ha utilizado cuando, con antecedentes en mano, se ha tratado de desmantelar ciertas premisas que son claramente falsas frente al debate constitucional.
¿Y cómo hemos sabido de la existencia de esta supuesta cancelación? Justamente en redes sociales y sobre todo en medios de comunicación masivos, lo que es una contradicción en sí misma, ya que justamente quienes enarbolan esa consigna gozan de muy buena salud, pues pueden utilizar sus redes sin tapujos ni barreras, y son entrevistados recurrentes en espacios de debate e informativos.
Cancelación hubo en dictadura, cuando hubo un control total de la libertad de expresión, cuando por pensar distinto terminabas en la cárcel, torturado, muerto o desaparecido, y el Chile de hoy está lejos de esa realidad. ¿Será que quienes tuvieron la hegemonía del discurso en los últimos 30 años se sienten ahora interpelados? Ese es el juego de la democracia. Distinto es el insulto, el perjurio y la deshonra, que no caben en ningún espacio de debate, pero de ahí a argumentar que existe cancelación por rebatir tus ideas es francamente insólito, por decir lo menos.
Ikea, la multinacional líder en el mundo en decoración y artículos para el hogar, elige a Chile para su desembarco en Sudamérica con la apertura de su primera multitienda en los próximos días. Amazon anuncia que iniciará los trámites para la instalación de un data center en un terreno de 17 hectáreas en Puente Alto, con más de US$200 millones de presupuesto. Se estima que la inversión extranjera directa en Chile suma más de US$9.600 millones solo en este primer semestre.
Esto demuestra que seguimos siendo un país seguro para invertir, pues los proyectos antes mencionados se realizan con meses y años de anticipación, y conociendo la realidad social y política de Chile. Si los inversionistas extranjeros no se asustaron con convencionales disfrazados, en la ducha o profiriendo garabatos a sus colegas, ¿a qué le temen los empresarios locales que anuncian por los medios que se van con sus patrimonios a otro país si gana el Apruebo?
Paulina Ibarra A. Directora Ejecutiva Fundación Multitudes
Por Paulina Ibarra, directora ejecutiva Fundación Multitudes
Hace pocos días fuimos testigos de una verdadera pugna entre dos grandes medios de comunicación de importante prestigio internacional. Por un lado, el Wall Street Journal advirtió en un artículo que, de aprobarse, la nueva Constitución puede “destruir la economía y la democracia” de nuestro país. Pocos días después, un columnista del periódico inglés “The Guardian”, respondiéndole a su par norteamericano, asegura que la propuesta constitucional “actualiza, expande y progresa los derechos fundamentales”, y llama a Estados Unidos a seguir el ejemplo chileno.
Más allá de la polaridad de las opiniones, y que no está muy lejos del debate que hoy vivimos en la prensa local, hay un interés inusitado al proceso constitucional chileno y que ha despertado, para bien o para mal, la atención extranjera. Sin ir más lejos, por razones profesionales y familiares, me encuentro en estos días en Washington, lugar donde residí durante 15 años, y en mi encuentro con antiguos amigos, además de las cosas triviales de la vida, lo primero que me preguntan es acerca del proceso constitucional.
Lo primero que les digo, y es bueno reiterarlo acá, esta es la primera Constitución en el mundo que se escribe de manera paritaria, y ese en sí ya es un valor diferenciador de decenas de procesos constituyentes que se han vivido a lo largo de la historia mundial. A esto hay que sumar la representatividad que tuvo nuestra Convención, que integró escaños reservados para pueblos originarios y que tuvo una alta presencia de integrantes ajenos a las maquinarias partidistas y a la élite social y política que manejó los hilos de nuestra democracia en las últimas tres décadas.
Esto último, que tal vez no es tan novedoso en otros países que vivieron procesos constituyentes, para Chile fue un tremendo avance democrático, pues mantenemos aún heridas y saldos pendientes de lo que fue la dictadura cívico-militar, y vivíamos en una sociedad que, aparentemente, no estaba interesada en el devenir político y social, con escasa formación cívica, lo que fue opacado por la alta participación electoral que tuvimos en el plebiscito de entrada.
Todo lo anterior son elementos que nos convierten en un espécimen raro y digno de analizar por especialistas, politólogos y medios internacionales. Seremos un país pequeño, pero estar bajo el escrutinio de otros países no es algo nuevo. Algo similar, guardando las proporciones, fue la vía chilena al socialismo, con Salvador Allende y su gobierno de Unidad Popular, o incluso el Plebiscito del ’88 y todo el periodo de transición pacífica ocurrido después (con todos sus bemoles, que no son menester señalar acá).
Ahora bien, podemos tener divergencias sobre el trabajo de la Constituyente, y será la historia la que juzgará qué tan bien o tan mal estuvo este proceso, pero el ejercicio democrático que se vivió en los 12 meses que duró la Convención marcó un hito indeleble en nuestro currículum democrático y de eso dan cuenta quienes, desde el extranjero, están pendientes de lo que pueda ocurrir en cuatro semanas más.
En este sentido, la segunda gran pregunta que me hacen acá en Estados Unidos es qué va a pasar el 05 de septiembre, porque, convengamos, la tensión ha ido in crescendo y no se ven posiciones conciliadoras. Gane la opción que gane en el plebiscito de salida, nuestra endeble democracia vivirá una nueva prueba de fuego, porque deberá existir un acuerdo amplio para mejorar lo que haya que mejorar del texto propuesto, o llamar a un nuevo proceso que dé cumplimiento al mandato ciudadano expresado en el referéndum de entrada, que dio por muerta la Constitución del ’80.
Pero más allá de esas consideraciones, y así lo han dicho las encuestas, la opción Apruebo es la que da más seguridad de paz social, y por tanto sobre esa base se deben construir los acuerdos de implementación desde el Congreso. Por nuestra parte, abogaremos porque así sea, pues debemos demostrar al país, y también a la mirada internacional, que somos capaces de culminar un proceso que, pese a sus ripios y una desatada campaña de desinformación, es lo mejor que le pudo pasar al país en las últimas décadas.
Hace unas semanas, en estas mismas páginas, fuimos muy críticas de la grave filtración de datos personales que afectó al SERVEL, que expuso información sensible sobre el padrón electoral. En ningún caso se cuestionó el funcionamiento que tiene esta entidad durante las elecciones y que es un ejemplo internacional.
Por eso, hoy corresponde poner paños fríos a las críticas, que más bien operan como desinformaciones, hacia la labor del SERVEL para el próximo plebiscito de salida. Sin duda los ánimos están crispados, pero nada justifica poner una nota de incertidumbre, ni la más mínima, sobre el proceso electoral del próximo 04 de septiembre
La historia ya la conocemos de otros países. Que los Trumps, Bolsonaros y Ortegas chilenos guarden silencio, y dejen de esparcir fake news, que lo único que logran es dañar la democracia.
Ofrecen talleres a municipios sobre participación ciudadana, ley de lobby y transparencia | araucanía noticias
Tipo: Nota
Año: 2022 Mes: Julio
Quién apareció: Fundación Multitudes
Medio: Araucanía Noticias
Gracias a una alianza con Fundación Multitudes, funcionarios municipales podrán capacitarse en Gobierno Abierto, a fin de mejorar su gestión y el vínculo con la ciudadanía.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) patrocinará talleres dirigidos a funcionarios municipales y directivos que quieran interiorizarse en Gobierno Abierto, estrategia de gestión que involucra a la ciudadanía y que tiene como objetivo generar una mejor relación con vecinos y vecinas, y organizaciones comunitarias.
Lo anterior, gracias a una alianza estratégica de colaboración con la Fundación Multitudes, la cual estará a cargo de los talleres, que tendrán como ejes fundamentales entregar herramientas a los participantes en el cumplimiento de normas referidas, entre otras, a participación ciudadana, Ley de Lobby y Ley de Transparencia.
“La idea es lograr un lenguaje común respecto de estas herramientas, como el lobby o transparencia, pues cada municipio interpreta de distinta forma cómo cumplir con la ley. También queremos desmitificar el principio sancionador de la norma; es decir, que cada municipio lo vea más como una oportunidad que como una obligación para que no haya un castigo administrativo”, explicó la directora ejecutiva de Multitudes, Paulina Ibarra.
En este sentido, Ibarra recalcó que “el Gobierno Abierto es una tendencia que tiene fuerza en países más desarrollados, que han entendido que la gestión pública, sea a nivel nacional, regional o comunal, se construye junto con la ciudadanía. En la medida que mejoramos nuestros estándares de transparencia, o robustecer los canales de participación, estamos diciéndole a los ciudadanos que sí nos importan y que sí son nuestros aliados en este desafío”.
El curso cuenta con destacados profesionales en el área y se realizarán de manera telemática, con un máximo de 10 participantes por cada taller, de manera de garantizar una atención personalizada a cada alumno, para que pueda resolver sus dudas en el cumplimiento de las normas. Se desarrollará en cuatro módulos teórico-prácticos que incluirán un diagnóstico comunal y una propuesta de gestión local acorde a la realidad del municipio participante.
