La desinformación es un fenómeno complejo, multidimensional y multinivel que hemos visto aumentar desproporcionadamente en las últimas décadas con el auge de las redes sociales. Por lo mismo, se viene discutiendo  la corregulación como una opción alternativa para combatir los efectos de la desinformación como  amenaza a la democracia a través de medidas que involucren a los principales actores que participan en el ecosistema de la información.

La corregulación es el mecanismo mediante el cual los gobiernos y las distintas plataformas de redes sociales fomentan y fortalecen la colaboración entre ellos y la sociedad civil, con el fin de establecer medidas contra la desinformación que consideren las perspectivas de todos los actores involucrados a través de la regulación con enfoque preventivo, generando una vía intermedia entre garantizar la regulación por parte del gobierno y la regulación propia de los medios masivos de comunicación, generando un contexto completo. Esto ofrece una alternativa a la autorregulación, el cual es un proceso voluntario donde no se brindan las mismas garantías que traen consigo las leyes y resoluciones reguladoras, mediante el cual las redes sociales establecen códigos de conducta que no coinciden con las necesidades de la sociedad lo cual crea un vacío de transparencia que es el caldo de cultivo para la desinformación.

Es importante implementar estos mecanismos de corregulación, en particular como prevención a campañas de desinformación que surgen en procesos electorales. En el contexto chileno, a medida que avanzamos en la redefinición del nuevo proceso constituyente resulta primordial que el órgano electo para redactar la nueva Constitución, en conjunto a otros actores políticos relevantes, el gobierno, la sociedad civil y las  redes sociales formulen de manera conjunta medidas de prevención ante campañas de desinformación que garanticen los derechos fundamentales y la libertad de expresión.

Para explicar el problema, tan solo recordemos los efectos perniciosos que tuvieron las campañas de desinformación durante el pasado proceso constituyente. De acuerdo a un estudio presentado por Fundación Multitudes, el 62% de las mujeres miembro de la Convención Constitucional afirmaron haber sido víctimas de desinformación como forma de violencia política de género. Asimismo, fuimos testigos de preocupantes campañas de desinformación orientadas a obstaculizar la inclusión de ciertos derechos de las mujeres en la nueva Constitución, como los derechos reproductivos.

La desinformación tiene la capacidad de obstruir la realización de procesos electorales transparentes, además de amplificar discursos de odio, en especial en contra de poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres y las diversidades sexuales. Frente a ello, para proteger y fortalecer nuestra democracia y sus pilares fundamentales debemos enfrentar la desinformación priorizando medidas de corregulación establecidas por los actores clave de nuestra sociedad que pueden implementarse de manera efectiva, concreta y ágil.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde Fundación Multitudes hacemos un llamado a generar alianzas entre los diversos actores involucrados, con la finalidad de potenciar la corregulación como una herramienta eficaz para hacer frente a la desinformación como amenaza a la democracia.