Fundación Multitudes presentó la siguiente declaración ante la Reunión entre períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención contra la Corrupción sobre la necesidad de implementar normas preventivas fundamentales contra la corrupción en el nivel local de gobierno y el llamado a desarrollar políticas con perspectiva de género.
Los gobiernos locales son los que tienen un contacto más cercano y directo con los ciudadanos y, por lo tanto, son los primeros en responder a sus necesidades. En este sentido, y como se ha detectado en el caso particular de Chile, son también los que tienen altos niveles de corrupción y de gasto discrecional de fondos. Por ejemplo en Chile para el año 2022, 180 municipios están siendo investigados penalmente por casos relacionados con la corrupción, incluyendo fraude, malversación de fondos públicos, cohecho, entre otros. Los municipios investigados representan más de la mitad de los gobiernos locales de Chile, siendo una proporción significativa y muy preocupante del estado actual de la corrupción en el país.
Si bien existe evidencia de que la pandemia de Covid-19 ha sido utilizada por los gobiernos como excusa para flexibilizar las normas de asignación y contratación de recursos públicos, falta analizar cómo la pandemia ha sido un factor relevante en el aumento de los casos de corrupción a nivel local y aún no se han implementado esfuerzos para evitar que estas situaciones se presenten en otras circunstancias imprevistas.
Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la pandemia constituye una oportunidad para que los gobiernos cuenten con una agenda de integridad que incluya los mecanismos necesarios y suficientes para que los actores sociales puedan monitorear las acciones gubernamentales y, de esta manera, contribuir a la reactivación de los países a largo plazo. Lamentablemente, la pandemia no se ha convertido en una oportunidad de transformación. La prevención y la lucha contra las prácticas corruptas en los diferentes niveles de gobierno, especialmente en el ámbito local, se ha convertido en algo secundario, ya que los gobiernos han establecido medidas que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los pilares democráticos.
Además, a nivel local, las mujeres en situación de vulnerabilidad social son víctimas de la mayor indefensión ante la actuación o ausencia de los organismos del Estado. A nivel comunal, aún existe una tendencia a incorporar a las mujeres en la ejecución de las políticas públicas de manera asistencialista y clientelar. La gran mayoría de las mujeres líderes son dirigentes vecinales o de campamentos, a quienes las unidades municipales recurren para coordinar la entrega de recursos o lograr la ejecución de algún programa o inversión. Sin embargo, el vínculo creado no beneficia al liderazgo femenino cuando la forma de interacción es asistencialista, o cuando su intención es meramente electoral.
Esta forma de intervención estatal ha contribuido a producir dos fenómenos. En primer lugar, las mujeres lideresas se convierten en la voz de las peticiones de ayuda de su comunidad, para lo cual deben reforzar su posición de víctimas de la precariedad, se convierten en “clientes” que acuden a los servicios públicos a pedir e insistir. En segundo lugar, se abusa de su liderazgo cuando se les responsabiliza de tareas que son exclusivas del gobierno y que éste ha abandonado, por ejemplo, la organización de la seguridad ante la ausencia de fuerzas públicas en sus territorios. De este modo, las mujeres vulnerables soportan la carga de ser también las protectoras de su comunidad. Un nuevo estándar de cogobierno y políticas públicas anticorrupción puede ayudar a superar esta precaria relación que las instituciones públicas han establecido con las mujeres.
Por ello, Fundación Multitudes hace un llamado a los gobiernos para que trabajen de manera colaborativa con múltiples actores, en particular con las organizaciones locales de la sociedad civil, para promover la implementación de estándares mínimos de transparencia, probidad y rendición de cuentas que sean aplicables y efectivamente exigibles e implementen un enfoque de género tomando en consideración los diferentes impactos que la corrupción tiene en mujeres y hombres.
Santiago de Chile, 26 de agosto de 2022
