Daniel Oyarzún Valdivia es un destacado profesor, abogado y dirigente social chileno, reconocido por su trayectoria en la articulación de organizaciones de la sociedad civil y el voluntariado en Chile. Actualmente es miembro del directorio de Fundación Multitudes y desempeña un rol clave en el proceso de implementación de EITI en Chile, como representante de la sociedad civil en el Grupo Multipartícipe de EITI Chile.

La conversación fue realizada por Fernanda K. Martins, Directora de Estrategia y Advocacy; Soledad Melo, Coordinadora de Comunicaciones; y Victoria Ferrieri, Senior Advisor de Fundación Multitudes.

Una década para llegar a EITI

Fundación Multitudes lleva más de una década trabajando en la intersección entre gobierno abierto y recursos naturales. ¿Cómo comenzó ese camino y qué papel tuvo la organización en el proceso de incorporación de Chile a EITI?

La historia comienza en 2011, cuando Chile se incorporó a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP). Desde ese momento, un grupo de ocho organizaciones de la sociedad civil —entre ellas Chile Transparente, Espacio Público y Ciudadano Inteligente— comenzó a articular una agenda basada en cuatro principios que siguen siendo fundamentales: transparencia, participación ciudadana, tecnología y rendición de cuentas.

Fundación Multitudes nació en 2014 y se incorporó rápidamente a ese espacio. En 2015 comenzamos a promover activamente que Chile ingresara a EITI, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

Fue un proceso largo. Hubo años de conversaciones y trabajo de incidencia con autoridades, empresas, academia y organizaciones de la sociedad civil. En ese camino también logramos sensibilizar a actores políticos relevantes. Gabriel Boric, que entonces era diputado e integraba la Comisión de Gobierno Interior, conoció el estándar, manifestó públicamente su respaldo y realizó intervenciones en la Cámara de Diputados promoviendo la adhesión de Chile. Cuando asumió la Presidencia en 2022, uno de sus primeros pasos fue designar al subsecretario de Minería como Champion para impulsar el proceso.

En 2024, cerca de veinte organizaciones comenzamos a reunirnos regularmente para conformar la Mesa Ampliada de Sociedad Civil y el Grupo Multipartícipe. Fundación Multitudes fue elegida como una de las tres organizaciones titulares de esa instancia.

Finalmente, Chile fue aceptado oficialmente como país implementador de EITI en septiembre de 2025. Ahora viene la parte más difícil: presentar, antes de marzo de 2027, el primer plan de implementación, que deberá cumplir cerca de setenta requisitos distribuidos en cuatro grandes áreas.

Ese será el verdadero punto de partida. Entrar a EITI es importante, pero lo realmente decisivo será cómo Chile implementa el estándar y qué información pone a disposición de la ciudadanía.

La transparencia como herramienta de poder ciudadano

¿Por qué la transparencia de las industrias extractivas es también una cuestión de democracia y no solamente de gestión pública o reporte financiero?

Porque cuando existe opacidad en la gestión de los recursos naturales, las decisiones terminan adoptándose sin que la ciudadanía pueda comprenderlas ni participar de manera informada.

EITI no es solamente un sistema de reporte financiero. Sus estándares abarcan contratos, licencias, beneficiarios finales de las empresas, ingresos públicos y mecanismos de control social. Cuando toda esa información está disponible, la transparencia deja de ser un ejercicio administrativo y se convierte en una herramienta de poder ciudadano.

Y hay otro elemento muy importante: el modelo multipartícipe de EITI. Gobierno, industria y sociedad civil participan en igualdad de condiciones en la construcción de acuerdos y en el seguimiento de su implementación.

Eso no elimina los conflictos de interés. Pero crea algo que antes muchas veces no existía: un espacio institucionalizado donde esas diferencias pueden discutirse de manera visible. La participación informada fortalece la legitimidad de las decisiones y permite construir confianza entre sectores que históricamente han operado bastante separados.

Un ejemplo concreto es la incorporación del Acuerdo de Escazú como principio transversal del trabajo de EITI en Chile. Eso significa que avanzar en transparencia minera también debe implicar acceso a la información, participación pública y protección de las personas defensoras del medio ambiente.

Esa diferencia es fundamental. No queremos solamente una transparencia formal. Queremos una transparencia que transforme.

Escazú: cuando la transparencia llega al territorio

¿Qué significa concretamente que Escazú y EITI estén conectados? ¿Dónde comenzará a hacerse visible esa relación?

En 2024 Chile adoptó un plan estratégico de seis años, hasta 2030, para implementar el Acuerdo de Escazú. Es especialmente significativo porque Chile participó desde el inicio en la negociación del acuerdo, pero su ratificación se produjo posteriormente, durante el gobierno de Gabriel Boric.

Ese plan establece mecanismos de participación de la sociedad civil en asuntos ambientales y fue uno de los principales referentes utilizados por el grupo autoconvocado al momento de construir el estándar chileno de transparencia para las industrias extractivas.

La discusión, entonces, deja de ser solamente cuánto produce la minería o cuánto recauda el Estado. También tenemos que preguntarnos cómo la exploración y explotación de esos recursos afecta al medio ambiente, a los territorios, a las comunidades y a los pueblos originarios.

Por ahora, la relación entre Escazú y EITI es una hoja de ruta. El primer plan que Chile debe presentar ante EITI vence en marzo de 2027 y será a partir de ese ejercicio cuando podamos observar concretamente cómo se incorporan estas dimensiones. Todavía no tenemos un caso emblemático que nos permita decir que esta integración ya está funcionando. Y es importante decirlo. El proceso recién comienza. Pero justamente por eso es importante construir desde ahora el estándar que queremos alcanzar.

La transición energética también es un test de gobernanza

El cobre, el litio y otros minerales críticos están en el centro de la transición energética. ¿Qué cambia cuando estos recursos pasan a ser estratégicos para la economía global?

La transición energética representa una enorme oportunidad para Chile, pero también es un test de gobernanza.

Los minerales críticos son indispensables para desarrollar tecnologías limpias, pero su extracción tiene impactos ambientales, sociales y territoriales que recaen directamente sobre las comunidades. Por eso la discusión no puede reducirse a inversión, crecimiento económico o estrategia exportadora. Tiene que incorporar transparencia, participación ciudadana, consulta y sostenibilidad.

Y aquí aparece una dimensión que todavía se conecta poco con esta conversación: la infraestructura digital.

Los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial y buena parte de la economía digital requieren enormes cantidades de energía y agua. En Chile, muchos de estos proyectos actualmente no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos, por lo tanto, un vacío regulatorio que deberíamos empezar a mirar con la misma lógica que aplicamos a las industrias extractivas.

Si para una mina exigimos transparencia, evaluación de impactos y participación de las comunidades, ¿por qué no deberíamos aplicar principios similares a una infraestructura digital que también consume recursos naturales y transforma territorios?

No es una discusión hipotética. Estamos trabajando con el Observatorio Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene cartografiado públicamente el impacto ambiental de la industria minera en Chile. Esa información, verificable y de acceso abierto, muestra justamente el potencial que tienen los datos para conectar la gobernanza de los recursos naturales con la gobernanza digital.

Litio, tierras raras y el momento en que el consenso se pone a prueba

¿Dónde aparecen las mayores dificultades? ¿En qué momento la transparencia deja de ser un consenso general y empieza a enfrentarse con intereses concretos?

El litio es probablemente el ejemplo más claro. El gobierno de Gabriel Boric intentó crear una empresa estatal del litio, algo así como un “Codelco del litio”, pero ese proyecto no prosperó. Finalmente se avanzó en una Estrategia Nacional del Litio.

Chile forma parte, junto con Argentina y Bolivia, del denominado Triángulo del Litio, que concentra las mayores reservas del mundo. A diferencia de otros minerales, el litio no se puede concesionar directamente. Los salares están bajo administración del Estado, a través de CORFO y ENAMI, y la explotación se realiza mediante Contratos Especiales de Operación de Litio, los CEOL. Ahí están, por ejemplo, los vínculos entre Codelco, SQM y Albemarle.

Pero la complejidad aparece cuando esas decisiones aterrizan en los territorios.

En Penco, en el sur del país, una empresa que exploraba tierras raras generó una fuerte reacción de la comunidad. Había desconfianza respecto de las promesas de inversión y de los beneficios que realmente recibiría el territorio. Es ahí donde una institucionalidad que internacionalmente reconocemos como sólida comienza a mostrar sus fricciones.

Hay, además, una asimetría enorme. Las compañías que llegan a desarrollar estos proyectos pueden tener capacidades económicas comparables al PIB de algunos países. ¿Cómo negocia una comunidad local en igualdad de condiciones con un actor de ese tamaño? Ese es uno de los grandes desafíos de una transición energética justa. No basta con decir que necesitamos cobre, litio o tierras raras para avanzar hacia una economía baja en carbono. También tenemos que preguntarnos quién decide, quién se beneficia, quién asume los impactos y qué información tiene la ciudadanía para participar en esas decisiones.

Usted ha planteado que algunos de los problemas que enfrenta la minería comienzan a aparecer también en la infraestructura digital. ¿Qué puede aprender la gobernanza digital de la experiencia de EITI?

Una de las principales lecciones es que transparencia no significa simplemente publicar información. También importa cómo se organiza, cómo se desagrega y si permite realmente entender lo que está ocurriendo.

En Chile, la información sobre el sector minero está distribuida entre treinta o cuarenta servicios públicos. Eso significa que una persona puede encontrar datos en distintos organismos, pero no necesariamente puede construir una visión completa de un proyecto.

Canadá tiene una lógica diferente. Allí la información tributaria se reporta por proyecto de inversión. Si una empresa minera tiene una operación en Quebec y otra en Ontario, cada proyecto rinde cuentas por separado. Eso permite algo muy importante: saber qué ocurre realmente en cada operación. Y existe una paradoja bastante reveladora. Hoy podemos encontrar en Canadá información desagregada sobre empresas chilenas que operan allí que no tenemos disponible con ese mismo nivel de detalle en Chile. Estamos hablando de cerca de 22 mil millones de dólares en impuestos asociados a empresas chilenas en Canadá.

Eso demuestra que el problema no es necesariamente que no existan datos. El problema es cómo los producimos, cómo los organizamos y qué tan accesibles son.

A eso se suma otro vacío: Chile todavía no tiene una Ley de Beneficiarios Finales que permita saber quién es el dueño último o quién controla realmente una empresa. Ecuador, por ejemplo, sí cuenta con una legislación en esa materia. Hay proyectos de ley sobre beneficiarios finales y también sobre lobby, pero su tramitación puede tomar años y depende de la correlación política.

Por eso es tan importante que la futura plataforma de transparencia minera, cuyo desarrollo ya cuenta con financiamiento confirmado por EITI, incorpore estos aprendizajes desde el diseño. No basta con poner información en una página web. Tenemos que poder identificar a los beneficiarios finales, desagregar la información por proyecto y hacer seguimiento a los aportes que las empresas realizan a las comunidades.

Si no sabemos cuánto entrega realmente una empresa, a quién se lo entrega y qué ocurre con esos recursos, siempre van a existir espacios de opacidad.

De Chile a una agenda regional

¿Hacia dónde puede evolucionar esta conversación? ¿Qué ocurre cuando conectamos minerales críticos, gobernanza digital, inteligencia artificial y democracia?

Creo que esa convergencia ya comenzó.

Chile ha desarrollado una reflexión sobre minerales críticos bastante más profunda que otras líneas estratégicas en la región. En algunos aspectos, la experiencia canadiense es uno de los pocos referentes comparables. De hecho, invitamos a un especialista del sistema canadiense de transparencia a conversar con el Grupo Multipartícipe y la Mesa Ampliada. Y fue interesante porque nos mostró, de manera bastante cruda, la brecha que todavía existe: Canadá puede tener desagregada información sobre empresas chilenas que nosotros mismos no tenemos disponible en Chile.

Eso abre una oportunidad regional.

Pienso, por ejemplo, en Brasil. Allí la explotación de tierras raras y otros minerales críticos en la Amazonía empieza a cruzarse con debates sobre regulación de plataformas digitales e inteligencia artificial. Son discusiones que suelen desarrollarse por separado, pero en realidad comparten problemas muy similares: quién tiene acceso a la información, quién participa en las decisiones y cómo se distribuye el poder. Por eso imagino una agenda que reúna a sociedad civil, universidades, centros de investigación y sector privado.

Chile podría aportar su experiencia en transparencia minera. Brasil tiene otros desafíos y capacidades en materia de minerales críticos y gobernanza digital. Otros países de la región, como Costa Rica, también están desarrollando experiencias relevantes. Lo interesante sería dejar de mirar estos temas como compartimentos separados y comenzar a construir una conversación regional.

La democracia también se juega en quién controla la información

Después de más de una década trabajando en estos temas, ¿qué es lo que realmente está en juego?

Creo que lo que está en juego es algo mucho más profundo que la transparencia de una industria.

Cuando hablamos de cobre, litio, agua, tierras raras o infraestructura digital, estamos hablando de recursos estratégicos. Son recursos sobre los cuales se van a tomar decisiones económicas enormes y que van a definir buena parte del desarrollo de nuestros países durante las próximas décadas. Por eso la pregunta democrática no puede ser solamente quién gobierna. También tenemos que preguntarnos cómo se toman las grandes decisiones económicas, qué información está disponible, quién puede participar y qué capacidad tienen las comunidades para incidir.

La democracia no se fortalece únicamente con elecciones. También se fortalece cuando las decisiones que afectan profundamente a los territorios y a la sociedad pueden ser examinadas, discutidas y cuestionadas con información disponible. Para mí, ese es el verdadero sentido de EITI.

No se trata simplemente de que Chile cumpla un estándar internacional. Se trata de aprovechar ese estándar para construir una forma diferente de gobernar los recursos naturales. Y ese desafío ya no termina en la minería. A medida que avance la transición energética y que la inteligencia artificial y la infraestructura digital demanden cada vez más recursos, vamos a tener que preguntarnos exactamente lo mismo: quién decide, con qué información, para beneficio de quién y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas.

Ahí es donde la transparencia deja de ser una política sectorial y se convierte, finalmente, en una condición para la democracia.