Hoy en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional Contra la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, algo que no debería existir. Pero una característica de la violencia de género es que no conoce fronteras sociales o económicas y afecta a mujeres y niñas de todos los orígenes socioeconómicos. Tanto en los países ricos como en los pobres, los prejuicios de género han alimentado los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, como hemos visto en nuestro país en múltiples formas.

Casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida, lo que significa que, de acuerdo a las estadísticas, de las 3 hermanas que somos en mi familia, 1 de nosotras ha sido víctima de algún tipo de violencia de género. En tiempos de crisis, las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia de COVID-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países que se llevó a cabo durante la pandemia, muestra que 2 de cada 3 mujeres informaron que ellas o una mujer que conocen experimentaron alguna forma de violencia y tienen más probabilidades de enfrentar inseguridad alimentaria. Solo 1 de cada 10 mujeres encuestadas en el estudio dijo que acudirían a la policía en busca de ayuda.

Sin embargo, ya sea públicamente a través de las redes sociales o en la privacidad y seguridad que debiera otorgar un hogar, la violencia de género contra las mujeres a menudo no se denuncia, silenciada por el estigma, la vergüenza, el miedo a los perpetradores y la desconfianza a un sistema de justicia que no funciona para las mujeres. Esa es nuestra realidad.

Si bien la violencia de género es generalizada, no es inevitable. Puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en las sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales que nos desfavorecen y empoderen a las mujeres y las niñas. Con servicios esenciales centrados en las sobrevivientes en los sectores policial, judicial, sanitario y social, y suficientes recursos para promover una agenda de derechos de las mujeres, para acabar con la violencia de género.

En Chile, la violencia de género contra la mujer parece ser endémica, y la vemos perpetrada en distintas esferas dentro y fuera de la política, en donde creemos en candidatos a cargos de elección popular que deben años de pensión alimenticia para sus hijos sin que nadie los condene por el impacto emocional y económico que infringen sobre la madre de sus hijos. Otros candidatos que a viva voz indican que las mujeres no debieran tener acceso a servicios básicos si, por ejemplo, no están casadas, y otros recientemente electos que creen que las mujeres somos tontas o incapaces de ser parte de la vida pública y política de un país. Y todos estos ejemplos son reales y están reflejados y ejemplificados lamentable, por ejemplo, en los ataques de violencia de género política en línea contra la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon, que además pertenece a una minoría que ha sido abusada por el Estado de Chile. Este tipo de violencia busca, además desestabilizar un órgano electo por los chilenos para redactar una nueva Constitución que debe por sobre todo generar el marco regulatorio para proteger los derechos humanos.

Los derechos humanos de la mujer, incluido el derecho a la seguridad, la dignidad, la igualdad y la justicia, son principios fundamentales que deben estar arraigados en la sociedad. Y sabemos que el liderazgo y la seguridad de las mujeres, en toda su diversidad, juegan un papel vital en el progreso económico, el bienestar de la comunidad, la salud y educación de los niños, y más. Toda vida humana se beneficia cuando se defienden los derechos humanos de las mujeres, y todos sufrimos cuando se abusa de esos derechos. Trabajemos para que esos derechos se vean asegurados. Tal como nosotras defendemos el derecho al aborto libre y seguro, nuestras madres defendieron nuestro derecho al divorcio y nuestras abuelas el derecho a votar.