En 1992, luego de la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se elaboró una declaración constituida por 27 principios relativos a la preservación del medio ambiente, los derechos humanos y el compromiso de los Estados para velar por su correcta aplicación. Requiriendo para este propósito -tal como declara el Principio n°10- el establecer acuerdos internacionales, con el fin de hacer partícipe a toda la ciudadanía, mediante la sensibilización ecológica, el acceso a información medioambiental y la inclusión participativa en las instancias deliberativas (administrativas y judiciales)  correspondientes.

En 2016, los gobiernos de América Latina y el Caribe estuvieron en un proceso de negociación, para elaborar un instrumento regional con que coordinar y evaluar -asistencia técnica, creación de capacidades, etc.- las políticas de implementación del Principio 10  en la región, como parte de  la agenda estratégica de los ODS 2030.