Por Paulina Ibarra, directora ejecutiva Fundación Multitudes

El término red flag se utiliza habitualmente en el feminismo para advertir conductas patriarcales, machistas y misógenas. Se ha popularizado en redes sociales y muchas veces a un comentario que reúne esas características se le coloca el emoji correspondiente a esa bandera roja, como una alerta, una prevención de algo que está sucediendo y que debe ser atendido con inmediatez.

Pues bien, en los últimos días nos hemos llenado de red flags, no precisamente por temas que nos afectan a las mujeres, sino con algo que involucra a la sociedad en su conjunto y que pone en serio riesgo la democracia y la institucionalidad, y que tiene que ver con los autoritarismos, en particular ligados a la extrema derecha, y que están prácticamente a la vuelta de la esquina.

En la última semana se ha iniciado una masiva campaña de desinformación en contra del Servicio Electoral (Servel), ya no de grupos anónimos, sino de gente con nombre y apellido, incluyendo a un diputado, que empezaron a cuestionar la legitimidad e imparcialidad de esta entidad para velar por un buen proceso electoral el próximo 4 de septiembre.

Lo que se juega Chile en las próximas dos semanas es ni más ni menos uno de los cambios más importantes de los últimos 50 años de historia, y hay un consenso generalizado que, sea cual sea el resultado, seguirá un proceso constitucional que deberá implementar un nuevo texto constitucional, con eventuales reformas de por medio, o llamar a un nuevo proceso constituyente, en caso de que la voluntad popular diga otra cosa.

Y desde el 4 de julio, o incluso antes, cuando se conoció la propuesta de texto constitucional emanado de la Convención, ha existido una verdadera guerra mediática de posturas a favor y en contra, muchas veces condimentadas por desinformaciones o derechamente noticias falsas (o fake news), las cuales han sido en su mayoría desmentidas en foros virtuales o debates televisados.

No obstante, levantar una acusación infundada en contra del Servel pasó todo límite, y me atrevo a decir que esta situación pone en serio riesgo a la democracia y mina severamente las bases de la institucionalidad nacional. La posibilidad de que se impongan autoritarismos es un riesgo cierto, sobre todo por nuestra historia reciente. Y no, no estamos exagerando, porque de esa misma forma partieron otras voces extremistas en el mundo, colocando dudas justamente a los organismos escrutadores.

Basta recordar a Donald Trump en Estados Unidos, cuando desconoció los resultados electorales cuando quiso ser reelecto, lo que derivó en una campaña orquestada hábilmente por redes sociales, que derivó en un asalto al Capitolio y un casi autogolpe de Estado, algo inédito en su historia. Algo similar está ocurriendo en Brasil, con Jair Bolsonaro, quien ya empezó una estrategia de cuestionar el voto electrónico, enfrentándose públicamente con el símil electoral de ese país.

Y hagamos un poco de memoria, ambos personajes partieron sus campañas tímidamente, muchas veces ninguneados o tomados poco en cuenta, donde más de algún político o comentarista se mofó de sus ideas, pero veladamente se estaba incubando una masa que se convenció de sus afirmaciones y le dio un triunfo impensado en las urnas. “No lo vieron venir”, pudo ser la frase aplicable en ambos países y sus resultados los tenemos a la vista.

Por eso la importancia de colocar ahora todas las banderas rojas que alerten de esta situación, porque, al igual que los ejemplos señalados, la estrategia en redes sociales está desatada, con desinformaciones que se reproducen sin control ni filtro, y que pueden mover a una población a sumarse a una cruzada que ponga en riesgo la democracia. El autoritarismo implícito en estas acciones es un arma peligrosa a la cual hay que ponerle atajo ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde.

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